Testimonio: «Estamos viviendo en una era de guerra contra los migrantes»

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Estamos viviendo en una era de guerra contra los migrantes: la deportación de Guadalupe García de Rayos

 

PHOENIX – Durante ocho años, Guadalupe García de Rayos acudió a la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para una revisión de su caso.

 

Era un requisito desde que fue descubierta usando un número de seguridad social falso en una redada migratoria en un parque acuático en el que trabajaba durante 2008.

 

Cada año, entraba a esa oficina, los agentes revisaban su caso, le hacían algunas preguntas y García de Rayos salía caminando.

 

Hasta ayer.

 

El miércoles 8 de febrero, los agentes migratorios arrestaron a Rayos, de 35 años, e iniciaron los procesos para deportarla a México, un país que no ha visto desde hace dos décadas. Una camioneta con ella a bordo salió del edificio del ICE mientras manifestantes y activistas esperaban afuera. “Liberación, no deportación”, coreaban. La hija de Rayos, Jacqueline, portaba un cartel que decía: “Ni una deportación más”. Los activistas rodearon el vehículo para intentar detenerlo y siete personas fueron arrestadas, aunque la camioneta terminó echándose en reversa de regreso al edificio.

 

Rayos fue detenida apenas días después de que el gobierno de Trump amplió la definición de un “extranjero criminal”, un cambio que activistas migratorios dicen afecta a la mayoría de las personas indocumentadas en Estados Unidos.

 

“Estamos viviendo en una nueva era, una era de guerra contra los migrantes”, dijo el abogado de Rayos, Ray Ybarra Maldonado, tras salir del edificio del ICE.

 

El gobierno de Obama priorizó las deportaciones de migrantes considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional, que tuvieran vínculos con grupos criminales o hubieran cometido crímenes serios o varios delitos menores. Rayos no cumple ninguno de esos criterios, razón por la cual había podido quedarse en Estados Unidos pese a que un juez emitió una orden de deportación en su contra en 2013.

 

Pero eso cambió con Trump. Una de las 18 órdenes ejecutivas que ha emitido desde que tomó posesión el 20 de enero prevé que cualquier migrante indocumentado condenado por cualquier tipo de infracción –e incluso quienes no han enfrentado cargos, pero se sospecha que han cometido “actos que podrían ser una infracción criminal penable”— deben ser prioridad cuando se trata de deportaciones.

 

El miércoles hacia la medianoche, el esposo de Rayos dijo que seguía sin saber dónde estaba la mujer. Un vehículo dejó el edificio con escolta policial, posiblemente con Rayos a bordo. Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz del ICE, dijo en un comunicado que Rayos “está bajo detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a partir de una orden de remoción emitida por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración” en 2013.

 

Maldonado, el abogado de Rayos, metió una solicitud de delación de deportación, pero el comunicado del ICE no hace mención a este ni de cuándo sería expulsada la mujer.

 

Los abogados de dos de los principales grupos de defensa de los derechos civiles dijeron que Rayos es posiblemente la primera migrante indocumentada arrestada mientras estaba en una reunión programada con funcionarios desde que Trump tomó posesión. Miles otros enfrentan un riesgo similar cuando acudan a las revisiones migratorias regulares, en buena medida porque ahora los agentes federales pueden decidir quién sí es, o no, una amenaza para la seguridad pública, dijeron los activistas.

 

“Este es justamente el problema más alarmante de la orden de ejecución interna de Trump”, dijo Cecilia Wang, subdirectora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés). Trump, dijo Wang, “le quitó los guantes a los agentes y ha permitido que estos vayan en contra de los migrantes sin importar sus vínculos con y contribuciones hacia Estados Unidos”.

 

Rayos tenía 14 años cuando dejó Acámbaro, una ciudad en el estado mexicano de Guanajuato, y se escabulló por la frontera hacia Nogales, Arizona. Se casó con un hombre que también es migrante indocumentado y tuvieron un hijo y una hija, ambos actualmente en la adolescencia.

 

“El único delito que cometió mi mamá fue ir a trabajar para darle una mejor vida a sus hijos”, dijo Jacqueline, antes de que Rayos entrara a la reunión en el ICE acompañada de su abogado.

 

Rayos trabajaba en Golfland Sunsplash, parque acuático en Mesa, un suburbio de Phoenix, cuando agentes del entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, llevaron a cabo una redada. La arrestaron el 16 de diciembre de 2008, junto con otros empleados, bajo cargos de posible robo de identidad y uso de documentos apócrifos para conseguir empleo. La redada fue una de las primeras ordenadas por Arpaio amparadas en una nueva ley que autorizaba sancionar a empleadores que contrataran a migrantes indocumentados a sabiendas.

 

Rayos pasó tres meses en una cárcel del condado y otros tres meses en un centro de detención migratorio. En 2013, una corte migratoria ordenó que fuera expulsada a México, pero su caso estaba en pausa dado que las autoridades federales del gobierno de Obama decidieron no ejecutar la orden de deportación.

 

Angel, el hijo de Rayos, todavía recuerda la noche en que su madre fue arrestada.

 

“Nunca voy a olvidar esa noche, porque he vivido con el pavor de perder a mi mamá cada día desde entonces”, dijo.

 

Rayos tenía miedo de acudir a la reunión con el ICE. Carlos García, director del grupo para los derechos migratorios Puente, le dijo que podía faltar y esconderse o refugiarse en una iglesia al norte de Phoenix, donde ya viven otros dos migrantes no autorizados que enfrentan la deportación.

 

Rayos decidió presentarse de cualquier manera, una apuesta peligrosa, pero también una manifestación. Afuera, los voluntarios y manifestantes le gritaron mientras entraba al edificio: “No estás sola”.

 

Fuente: www.nytimes.com

 

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